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Presentan testimonio de tres personas secuestradas y torturadas en el campamento de la empresa minera Río Blanco (ex Majaz)

: Rodrigo Mires <agarti33@hotmail.com>
Fecha: Jue, 15 de Ene, 2009 12:15 pm
Asunto: Presentan testimonio de personas secuestradas y torturadas en Majaz
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NOTA DE PRENSA

 

Lima, 13 de enero de 2009

 

 

 

La denuncia fue presentada por Fedepaz y la CNDDHH

 

 

 

Presentan testimonio de tres personas secuestradas y torturadas en el campamento de la empresa minera Río Blanco (ex Majaz)

 

 

Tras la aparición del material gráfico que demuestra el secuestro y tortura de 29 personas en las instalaciones del campamento de la empresa minera Río Blanco (ex Majaz), ubicado en la localidad de Huancabamba, en agosto de 2005, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) presentaron, en conferencia de prensa, el testimonio de tres sobrevivientes de estos actos de barbarie, así como detalles del proceso que actualmente se sigue en la Quinta Fiscalía Penal de Piura.

 

El periodista Julio Vásquez narró con detalles los hechos ocurridos durante los dos días que estuvieron secuestrados en el campamento minero.

 

“El primer día nos despojaron de nuestra ropa y nos hicieron caminar descalzos cubiertos con unas bolsas que habían sido rociadas con bombas lacrimógenas que nos quemaron el rostro. El 2 de agosto de 2005 solo nos dieron medio vaso de agua para beber. Durante todo el día se escuchaban los gritos de auxilio de los comuneros que suplicaban que los dejaran de torturar”, manifestó Julio Vásquez.

 

Por su parte, Elizabeth Canya indicó que aún existe gente desaparecida, por lo que exigió que se investigue a fondo todo el abuso que se cometió.

 

“El primer reporte emitido por la policía informaba de 32 personas detenidas en el campamento, pero solo retornaron 29 a Piura. Entre los torturados estuvo un menor de 16 años que no lo volvimos a ver. Tiene que hallarse a los responsables y que les caiga todo el peso de la ley”, insistió.

 

En tanto, Mario Tabra –otro de los secuestrados en el campamento de Majaz- recordó que el pueblo piurano realizó una consulta popular en rechazo a la minería en la zona y por ello varios comuneros han sido procesados por terrorismo.

 

“La Dircote nos hace seguimiento. No solo en Gaza se está matando gente, también en las comunidades del Perú”, agregó Mario Tabra.

 

A su turno, el secretario general de la CNDDHH, Ronald Gamarra informó que durante el 2008 se registraron 100 denuncias por torturas, mientras que en los últimos cinco años dicha cifra llegó a los 503 casos.

 

“Los convenios internacionales exigen establecer mecanismos de prevención de la tortura y hasta el momento en el Perú no los ha implementado. La tortura es inaceptable. No hay justificación para ella. Es propia de un Estado bárbaro. No debe confundirse el justo reclamo de un derecho, con el terrorismo. No se puede reprimir a quienes hacen ejercicio legítimo de su derecho a protestar”, manifestó.

 

La abogada de Fedepaz y representante de los agraviados, Rosa Quedena, recordó que si bien estos actos de secuestro y tortura fueron denunciados en el 2005, recién han conseguido las pruebas irrefutables de estos vejámenes.

 

En ese sentido, indicó que la denuncia formulada ante al Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura considera como responsables al general Ricardo Benavides, jefe de la Primera Dirección Territorial de la Policía Nacional; el coronel Ricardo Murillo, responsable del mantenimiento del orden en la zona de conflicto; y al capitán Marco Gonzáles, jefe del destacamento policial “Henry´s Hill”, ubicado en el campamento minero; así como también a los policías que participaron directamente en estas acciones delictivas; personal de seguridad de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (ex Majaz) –que de acuerdo con las pruebas fotográficas- estaría a cargo de la empresa Forza; y el ex fiscal Felix Toledo Leiva.

 

Cabe precisar que Forza brinda servicios de seguridad a la mayoría de empresas mineras en el país. Además está vinculada al reglaje que se le hizo en Cajamarca al Padre Marco Arana.

 

A pesar de las pruebas gráficas irrefutables, hasta el momento la policía no ha informado sobre la identidad de los efectivos que participaron del secuestro de los comuneros. Sin embargo, la doctora Quedena sostuvo se está a la espera de un informe oficial que deberá ser remitido a la fiscalía responsable de la investigación.

 

Agradecemos la difusión. 
Muqui “Red de Propuesta y Acción”
Página web: www.muqui.org
Email: prensaredmuqui@ gmail.com

 

Congresista pide investigar torturas

La congresista Marisol Espinoza (PN) pidió que se investigue el caso de torturas a comuneros piuranos documentado fotográficamente por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En declaraciones a la CNR, consideró que a la luz de los hechos es necesaria una reforma para regular los procedimientos de la policía.

“No solo no actuaron (ante torturas), sino que además el Ministerio Público y la Policía les recriminaron en vez de ayudarlos”, dijo.

http://www.larepubl ica.pe/archive/ all/larepublica/ 2009/01/13/ 5/node/9329/ total/15/ pagina

 

 

Cuestionan a mina Río Blanco

La empresa minera Río Blanco Copper SA tendrá solo hasta el 23 de enero para absolver 45 observaciones hechas por las autoridades regionales y la sociedad civil de las zonas que se verían afectadas, de concretarse el permiso para su segunda fase exploratoria hasta el 2010 en la frontera norte. De no levantar dichas “anomalías”, su solicitud sería inviable.

Según Ismael Huayama, alcalde del distrito Carmen de la Frontera, Río Blanco no tiene permiso legal para justificar su presencia en tierras de las comunidades de Segunda y Cajas, y Yantas.

Otra irregularidad sería que no están considerando a las provincias de Ayabaca y San Ignacio dentro de la zona directa de influencia.

http://www.larepubl ica.pe/archive/ all/larepublica/ 2009/01/13/ 11/node/9279/ total/15/ pagina

 

SUPUESTA TORTURA

Pide que se investiguen los hechos

Respecto a las torturas colectivas que presuntamente habría sufrido un grupo de comuneros piuranos, por parte de personas vinculadas a la minera Majaz, Yehude Simon dijo que pedirá información acerca de este hecho a las autoridades correspondientes.

No se puede tolerar, de ninguna manera, que con el pretexto de imponer autoridad se abuse de los derechos humanos de las personas, enfatizó el jefe del Gabinete Ministerial.

“Voy a pedir que se abra un proceso para que se me informe qué paso allí; me he quedado horrorizado, no se puede permitir la tortura contra nadie”, manifestó.

Asimismo, ratificó que no existe una presunta campaña de persecución contra dirigentes sindicales por parte del Gobierno.”

No guardará silencio
Finalmente, Yehude Simon aseveró que el congresista Luis Giampietri no guardará silencio y deslindará responsabilidades sobre la presunta vinculación de su asesor, el capitán de navío en retiro César Vidal Garland, con la empresa Business Track, vinculada con un reciente caso de interceptació n telefónica.

http://www.elperuano.com.pe/

 

Preocupa reapertura de proceso contra ambientalistas y autoridades de Piura

A través de una declaración pública, el Perú Support Group (PSG) expresa su preocupación por la reciente decisión de la Tercera Fiscalía Superior Mixta de Piura, que amplía la investigación a 35 personas acusadas de terrorismo por organizar y respaldar la consulta vecinal en Piura sobre las operaciones mineras, efectuada en setiembre del 2007.

Como se recuerda, en octubre pasado, la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura archivó la denuncia por terrorismo contra las 35 autoridades, dirigentes, comuneros y defensores de derechos humanos y ambientales de Piura y Cajamarca.

La denuncia fue formulada por la autodenominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC), conformada por pobladores que respaldan las actividades de la empresa minera Río Blanco Copper S.A., antes Minera Majaz S.A.

Sin embargo, el 24 de diciembre, la Fiscalía Superior de Piura dictaminó que el caso pase a la División contra el Terrorismo (DIVCOTE) para continuar con las pesquisas y, eventualmente, denunciar el caso ante el Poder Judicial.

PSG señala que la decisión de reabrir el caso coincidió con la aprobación por el Gobierno peruano de la solicitud de Monterrico Metals (MM) de adquirir unas 27 concesiones mineras más en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, además de las ocho concesiones principales que ya comprenden el Proyecto Río Blanco – el área concesionada representa alrededor de 28 mil hectáreas en total.

En ese sentido, PSG considera que “MM no quiere que los demás aprovechen de la actividad minera en las áreas contiguas y en su debido momento empezará el procedimiento para poder explorar, y si es factible, desarrollar estas nuevas concesiones. Si MM solo quería proteger el medio ambiente de los alrededores, no necesitaría obtener concesiones mineras para controlar las áreas”.

De igual modo, sostiene que la reapertura del caso demuestra “un grado preocupante de hostilidad por ciertas instituciones estatales y una indiferencia aparente del Gobierno peruano en cuanto a las preocupaciones del pueblo de la zona y al tema general de desarrollo regional”.


 

Rodrigo Mires

 

 

enero 16, 2009 - Posted by | Denuncias, Derechos Humanos, Testimonio | , , , , , , ,

1 Comentario »

  1. mi gran felicitasiones a todos los ronderos q estan en defenza del medio ambiente es la unica opcion d q la mina no se de justicia es la q queremos para esos campesinos toturados

    Comentario por samuel mezones | septiembre 11, 2009


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